Los talleres ilegales nos perjudican a todos

En España, los talleres ilegales defraudan a Hacienda unos 230 millones anuales

En Canarias, al igual que en el resto del país, los talleres ilegales generan un fraude fiscal a la Hacienda Pública de 230 millones de euros anuales derivados no sólo del impago del IGIC o IVA -que no le cobran al cliente final- sino también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades e IRPF.

El texto de Anfac y Ganvam indica que los centros piratas de reparación de vehículos tienen también un efecto negativo sobre los clientes, que quedan completamente desprotegidos al no contar con facturas, presupuestos ni garantías de las operaciones realizadas en sus motocicletas/automóviles.

Riesgos para la seguridad y el entorno

Asimismo, resalta que esta actividad representa un grave riesgo para la seguridad vial, dado que no es posible garantizar que los vehículos hayan sido reparados de forma segura, y también para el medio ambiente, por no poder verificar el cumplimiento de la normativa de gestión y reciclaje de residuos.

Por todo ello es necesario la puesta en marcha de un plan de acción de lucha contra las reparaciones ilegales, con la coordinación de los ministerios de Interior, Hacienda y Trabajo, para lo que recomiendan centralizar las ventanillas de denuncias en el Ministerio de Interior y poner en marcha un calendario de inspecciones regionales derivadas de las denuncias, intensificando los controles de los vehículos que no superen la ITV, además de la creación de un plan de concienciación social.

Los talleres ilegales generan un fraude fiscal a la Hacienda Pública de 230 millones de euros anuales derivados no sólo del impago del IGIC o IVA -que no le cobran al cliente final- sino también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades e IRPF, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).

Concretamente, estos centros ilegales representan ya al 20% del total, por lo que estamos hablando de alrededor de 10.000 negocios de posventa en toda España que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social ni la normativa medioambiental.

Asimismo, dado que los empleados carecen de contrato de trabajo legal y, por tanto, no cotizan, estos centros clandestinos también incurren en una fraude laboral, generando a la Seguridad Social unas pérdidas cercanas a los 112,5 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que cada taller ilegal tiene una media de 1,5 empleados.

Unas pérdidas de más de 3.500 millones de euros para la posventa

Lógicamente, al margen de los perjuicios económicos que genera esta actividad sumergida, los talleres piratas también tienen un impacto negativo para el propio sector automoción. Concretamente, esta competencia desleal generó a la posventa unas pérdidas de más de 3.500 millones de euros en los últimos seis años, agravando la ya de por sí difícil situación que atraviesa este sector debido a factores como la caída de las matriculaciones –más de un 60% en los últimos años- o el envejecimiento del parque. En este periodo, la facturaciónen el sector de la reparación retrocedió en cerca de un 30%, lo que explica que más de 6.200 talleres hayan tenido que echar el cierre en este periodo.

Concretamente, este sector –que aporta el 1,2% del PIB- ha perdido entre 2007 y 2013 más de 12 millones de reparaciones anuales como consecuencia, por un lado, del déficit de matriculaciones que ha reducido en un 40% cuota de vehículos menores de cinco años, los más rentables para el taller; y, por otro, la creciente antigüedad del parque, donde cerca de un 50% supera los once años, lo que se traduce en menos pasos por el taller, limitando las entradas a las reparaciones estrictamente necesarias como son las averías mecánicas.