Los radares deben servir para salvar vidas, no para llenar arcas

Italia obliga a registrar todos sus radares

En una decisión pionera, Italia ha aprobado un censo obligatorio de todos los radares de velocidad del país. La medida, que forma parte de la Ley n.º 105 de 2025, obliga a municipios, provincias y regiones a comunicar al Ministerio de Infraestructuras y Transportes (MIT) todos los datos relativos a los dispositivos de control de velocidad: su ubicación, modelo, homologación y estado de funcionamiento. ¿El objetivo? Garantizar que cada sanción por exceso de velocidad tenga una base legal sólida… y evitar que los radares se conviertan en herramientas puramente recaudatorias.

¿Por qué es importante para los motoristas?

Los motoristas son especialmente vulnerables en carretera. La velocidad es, sin duda, un factor crítico en muchos accidentes graves o mortales que afectan a quienes se mueven sobre dos ruedas. Pero también es cierto que muchos moteros —como sucede con el resto de conductores— denuncian una creciente sensación de persecución a través de radares poco visibles, mal señalizados o directamente ilegítimos.

Esta iniciativa italiana podría marcar un antes y un después en la forma de entender la seguridad vial. Y quizás inspire a países como España a replantearse sus sistemas de control.

Transparencia que protege

Una de las claves del modelo italiano es la plataforma pública de consulta, donde cualquier ciudadano podrá verificar si un radar está correctamente homologado, su localización exacta y si cumple con la normativa. Esto permite a los conductores anticipar su comportamiento al volante o al manillar y actúa como medida preventiva real, no como trampa recaudatoria.

Desde Pyramid Consulting, el abogado Andrea Gullo recuerda que "los radares deben tener una finalidad preventiva, no punitiva", y alerta de que el nuevo sistema solo funcionará si se acompaña de criterios técnicos homogéneos y reglamentos claros.

¿Qué pasa si no se registra un radar?

Los dispositivos que no sean incluidos en el censo deberán ser desactivados obligatoriamente. Además, todas las multas impuestas con ellos podrán ser anuladas por falta de validez legal. Un precedente que podría ser clave en futuras reclamaciones de usuarios también en otros países europeos.

¿Y en España?

Aunque la DGT ya publica un listado de radares fijos y tramos de velocidad controlada, no todos los dispositivos —sobre todo móviles o camuflados— están reflejados con la misma claridad. Esta falta de transparencia alimenta la desconfianza, especialmente entre los colectivos más expuestos, como los motoristas.

Una posible adopción de una medida similar en España no solo reforzaría la confianza ciudadana, sino que garantizaría que cada sanción se base en dispositivos legales, visibles y correctamente certificados.

Los radares deben servir para salvar vidas, no para llenar arcas 

Iniciativas como la de Italia abren la puerta a una seguridad vial más justa y transparente. Y para los motoristas, que muchas veces son víctimas silenciosas del sistema, esta podría ser la oportunidad de exigir una mayor protección jurídica y respeto en carretera.