Los Ayuntamientos piden retrasar a 2024 la implantación de las ZBE

¡Los Ayuntamientos ven imposible poner en marcha las ZBE porque la Ley de Cambio Climático es escueta y carente de soluciones!

La Ley 07/2021 de Cambio Climático y transición energética, la cual obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes a una implantación de Zona de Bajas Emisiones, es una ley escueta y carente de soluciones que puedan ayudar a los entes locales a la adopción de las medidas exigidas por parte del Gobierno Central. 

Hace unos días nos despertamos con la noticia de que Federación Española de Municipios y Provincias solicita al Ejecutivo una monitoria para la adopción y aplicación de las medidas puesto que éstas suponen una serie de reformas y una inversión económica, en los municipios afectos que no saben bien cómo gestionar.

Pero ¿Son ciertas estas alegaciones de los Ayuntamientos para no implantar las medidas exigidas en la ley?

Podríamos pensar que si se aprobó y entró en vigor hace más de un año, los Ayuntamientos han tenido tiempo sobrado para adoptar estas medidas; sin embargo, no debemos olvidar que la ley indicaba QUÉ DEBÍAN HACER, pero no CÓMO HABÍA QUE EJECUTARLO. 

Apenasdos meses para acabar el año y, con la obligación de adecuar las disposiciones antes del 2023, los entes municipales no han tenido aun noticias por parte del Ministerio de Transición Energética sobre cómo cumplir estas obligaciones.  

Nos encontramos, por tanto, ante una legislación ambiciosa en el papel, pero prácticamente imposible de llevar a la práctica

El alcalde de Irún y presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP, José Antonio Santano, señala que "tenemos que hacerlo bien, implantar las ZBE requiere de mucha información al ciudadano. Lo razonable, y en eso estamos de acuerdo todos los alcaldes, es darnos 2023 para preparar las ordenanzas" con base a una regulación lo más completa posible y que aclare, entre otros, puntos clave como qué pasa con los residentes, la carga y descarga o los ciudadanos con problemas de movilidad. 

Los Ayuntamientos no quieren volver a llevarse los varapalos judiciales que ya han sucedido en el pasado 

Unas declaraciones coherentes para el momento en el que nos encontramos, teniendo en cuenta, la consecución de errores de facto et de iure cometidas por los grandes ayuntamientosde este país.

No debemos olvidar, entre otros, el famoso auto del Tribunal Supremo que confirmaba la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid sobre Madrid Central o, el caso más reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que anuló la ordenanza del consistorio catalán porque considera que las restricciones son desproporcionadas y no cuentan con informes que las avalen.

Sin respaldo normativo, los Ayuntamientos están vendidos… por eso quieren retrasar la implantación de las ZBE 

Estos precedentes de mala praxis administrativa son, precisamente, los que se desean evitar ante al gran desconocimiento de los organismos locales para poder llevar a cabo la adopción de las medidas. 

Una postura cauta y razonable puesto que, de enfrascarse en este reto sin ningún tipo de respaldo normativo coherente, los ciudadanos nos encontraríamos con un sinfín de trabas burocráticas fácilmente impugnables en los Tribunales y que supondría una nueva saturación de los juzgados que deberán resolver problemas por una falta de legislación coherente y sensata para con una Administración Pública deficiente y deficitaria. 

Se podría incurrir en la vulneración del principio de no discriminación ante situaciones jurídicas iguales

Además, que cada Ayuntamiento realice las gestiones que considere oportunas, sin un marco normativo común a todos, podría incurrir en una vulneración del principio de no discriminación ante situaciones jurídicas exactamente iguales.

Desde Pyramid Consulting insisten en que es necesario hacer las cosas, pero hay que hacerlas de manera correcta.