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La Asociación La Unión se pregunta “si vale todo con tal de recaudar”

15 de Junio de 2024

La Asociación La Unión se pregunta “si vale todo con tal de recaudar”

Asociación La Unión: "Nuestro Gobierno adora el dinero sobre todas las cosas"

 

CARTA AL BUZÓN ABIERTO DE CANARIASENMOTO

 

Un país no evoluciona a base de multas, de la misma manera que un niño no evoluciona a base de bofetadas, y parece que a cada nuevo político que jura el cargo si no se inventa un nuevo tipo de multa o impuesto no lo valoran sus compañeros. Las multas se han convertido en el recurso fácil de la Administración para recaudar en cualquier ámbito. Frente a esta actitud, sería bueno apostar por otros métodos más eficaces para corregir las infracciones, como, por ejemplo, ser creíbles imponiendo prohibiciones. 

 

Los esfuerzos desde la Dirección General de Tráfico, el Gobierno de España, diputaciones y los ayuntamientos se deben dirigir a concienciar y a educar a la ciudadanía para que actúe correctamente en lugar de buscar el beneficio propio. Las políticas de seguridad vial son un gran ejemplo de lo mencionado. 

 

Los designados expertos en seguridad vial de la clase política, al igual que los designados expertos españoles de todos los ámbitos, solucionan los problemas de la misma manera que los de seguridad vial, es decir, con afán recaudatorio. En políticas de seguridad vial, reduciendo anualmente algún límite de velocidad a la vez que instalan un nuevo radar ultramoderno, y en políticas de hacienda aumentando los impuestos para poder financiar chiringuitos, amigos o simpatizantes. Estas practicas son denominadas por los políticos como de progreso y humanización. 

 

España es el cuarto país de Europa con el tipo máximo del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) más elevado de Europa con un 54%. Solo tiene por delante a Dinamarca (55,9%), Francia (55,4%) y Austria (55%). Paralelamente estamos entre los primeros de la Unión Europea en número de radares por kilómetro de carretera si se tiene en cuenta todos los radares, es decir, los estatales, autonómicos, diputaciones y municipales. Y a la vez tenemos los límites de velocidad más estrictos de Europa.

 

De manera casi unánime las autovías y autopistas de los países de la Unión Europea apuestan por un límite de 130 o 140 km/h como máximo y otros países como Alemania, Isla de Man, Malta, Liechtenstein y el Vaticano no tienen determinado una velocidad máxima. Sin embargo, en nuestro país se mantiene el límite máximo de 120 kilómetros por hora del año 1972 impuesto por razones energéticas y no de seguridad. La falta de vergüenza política y denuncia periodística tiene como consecuencia la continua reducción de velocidad; en la autopista AP-7 a 100 km/h, la limitación máximo de 90 en la autopista M-30, la Vía de la Cintura o autopista Ma-20 está limitada a 100 pero llegó a estar a 80, entre los kilómetros 146 y 148 de la autopista del Atlántico o AP-9 mantuvieron el límite de 80 que había durante las obras, el límite máximo establecido en la A-8 fue reducido a 80 km/hora pese a que está diseñada para poder circular a velocidades por encima del antiguo límite de 100, el tramo del km. 234 de la A-1 en Burgos se fijó una velocidad máxima de 100 km/h para incrementar la recaudación del radar fijo, el kilómetro 83,8 de la A-92 está limitado a 100 kilómetros/hora ídem lo anterior, en el km 478 de la AP-7 lo mismo, etcétera.

 

Austria es un ejemplo de muchos países europeos en los que después de aumentar el límite de velocidad, en este caso a 140 km/h en algunos tramos de sus Autobahn no hubo un aumento de la siniestralidad y el aumento de emisiones fue marginal. 

 

España, como es costumbre, por afán recaudatorio va a contracorriente al resto de la Unión Europea y los políticos españoles por dinero venden a la ciudadanía. Por consiguiente, los informes de la Administración avalan las directrices de seguridad vial y de impuestos actuales como igualmente ocurre con los informes que fabrica el Centro de Investigaciones Sociológicas para el Gobierno. El motivo; ¿Quién paga y manda sobre las personas que elaboran los informes que encarga la Administración? Como resultado de un informe ¿cuánto dinero obtendrá la administración a cambio de mantener una directriz o norma? 

 

La crematomanía política, exclusivamente española, también está detrás de la reducción del límite de 100 a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias interurbanas. La soberbia de nuestros mandatarios, la manipulación informativa y la inoperancia del resto de políticos ocasiona que esta norma se aprobara sin oposición política, pese a que los accidentes en estas carreteras son provocadas principalmente por las colisiones frontales y que la anterior prohibición de 100 como velocidad máxima no fue nunca factor que aumentara la siniestralidad.

 

Una gran mayoría de las asociaciones de automovilistas y motoristas, como AEA, RACE, Asociación Mutua Motera y otras, se manifestaron en contra de que se bajase de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima para poder circular en las carreteras convencionales, una medida que se aplicará a turismos y motos. Para el resto de vehículos (autobuses, camiones y furgonetas), se estableció un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. A favor están solamente asociaciones asociadas a Pere Navarro como Pons y otras que a cambio fueron premiadas con, por ejemplo, adjudicaciones a dedo para la impartición de cursos de recuperación de puntos de carné por parte de la DGT. Y además 16 de los actuales 27 países de la UE tienen un límite de velocidad en carreteras convencionales que está entre los 100 y 110 km/h y sus resultados de siniestralidad son equiparables o mejores que en España.

 

La preocupación por recaudar, por seguridad es notorio que no, contribuyó a que ya no se pueda superar en 20 km/h la velocidad máxima permitida para adelantar de manera más segura a otros vehículos. 

 

La crematomanía contagió a los Ayuntamientos y es usual verse en la obligación de conducir por infinitas rectas limitadas a 30 km/h por razones mal llamadas de humanización que en realidad es afán recaudatorio. El mito de las zonas de 10, 20 y 30 km/h como arma para mejorar la seguridad vial, es un relato inventado a bombo y platillo para que los ayuntamientos puedan unirse a la fiesta con barra libre de afán recaudatorio. La contaminación y manipulación informativa oculta que ningún atropello es provocado por conducir a 50 km/h, que las principales causas de atropellos son; dar marcha atrás, la falta de visibilidad o iluminación, y que la mayoría de los peatones cruzan la calle por donde les apetece mientras escuchan alegremente música o miran con entusiasmo su smartphone. Y para calcular las probabilidades de sobrevivir a un golpe producido por un atropello a 50 o 30 km/h no se ha tenido en cuenta que el choque pueda ser amortiguado por las mejoras en seguridad del capó de los coches, el envejecimiento del sujeto, ni la masa muscular o densidad ósea que presenta el individuo. Simplemente se piensa en velocidad porque es lo fácil y rentable económicamente.

 

Por otra parte, si en los coches resulta muy difícil mantener una velocidad menor de 50 en una moto es misión casi imposible especialmente en las calles de 10 y 20 km/hora, las nuevas prohibiciones de velocidad en las calles urbanas provoca mayor número de averías en los motores, sobre todo en coches con el sistema Stat-Stop, y al conducir más despacio se usan marchas más cortas a la vez que el coche va más revolucionado haciendo que aumente la contaminación de los vehículos.

 

Nuestro Gobierno adora el dinero sobre todas las cosas e innova continuamente nuevas formas de devorar directa o indirectamente los ahorros del contribuyente:  

 

La presión fiscal en España es creciente y superior a la media de la Unión Europea: La presión fiscal en España (ingresos tributarios/PIB) se ha situado en máximos históricos en 2022, superando el 42% del PIB y, por lo tanto, por encima del promedio de la UE 41,7%. 

 

Se incentiva recaudar como un mérito entre el funcionariado, así como el desmedido afán recaudatorio, que es una forma más de abusar de la ciudadanía.

 

¿Me puede decir qué multas se les ponen a los políticos que hacen gestiones desastrosas y que nos cuestan millones de euros? Ni una. 

 

La directriz de la Dirección General de Tráfico es muy clara, mejor multar que auxiliar. Según explica la Asociación Unificada de Guardias Civiles hace años que se puso en marcha un control de la actividad de los agentes que se vinculó a sus complementos salariales mensuales. La actividad del agente está encaminada a la labor sancionadora, en detrimento de la información y auxilio. Los guardias civiles que no multen suficientemente serán sancionados por el Ministerio de Interior con más de 100€ de multa a final de mes en la nómina. En consecuencia, Los guardias civiles aseguran que los radares no se utilizan con una finalidad didáctica y cada vez más se sitúan en el mejor lugar recaudatorio. AEA (Automovilistas Europeos Asociados) denuncia que a pesar del gran número de denuncias, no se evitan los excesos de velocidad ni los siniestros en carretera. Y que el incremento de las denuncias impuestas por los radares sólo responde a un afán recaudatorio por parte de la administración, ya que, estadísticamente, no está demostrado que un incremento de las denuncias de los radares se traduzca en una reducción del número de accidentes ni de víctimas mortales. El RACE por su parte advierte que un radar oculto, del que no avisan y que no está señalizado, cumple una función más recaudatoria que preventiva. También afirman que los radares deben tener una función preventiva e instalarse en puntos donde haya conflictos o en los que se registre u incremento de la siniestralidad, algo que en buena parte de los casos no ocurre. En este sentido, reclaman que la instalación se haga en función de criterios objetivos e informando a los conductores. Por otro lado, la DGT se defiende afirmando que sin infracción, no hay multa. Así pues se descienden los límites de velocidad continuamente. 

 

En conclusión, da igual que la cesta de la compra en España se encarezca un 47% desde 2020, y en el ámbito de seguridad vial da igual que los coches sean más seguros o las condiciones de seguridad de un tramo a la hora de establecer una prohibición de velocidad, lo importante siempre es multar o recaudar y para ello, tal como explica el filósofo David Livingstone Smith, la mentira es un pasaporte al éxito. Y ese es el verdadero éxito de la Administración.

 

Aquellos que sin apoyarlo miran para otro lado y aquellos que apoyan la labor de las Cortes Generales y la DGT en temas de prohibiciones de velocidad y afán recaudatorio, deben saber que la mentira patológica es un tipo de trastorno mental que indica una aparente falta de control por lo cual es importante que se pueda reconocer y diagnosticar esta conducta lo más pronto posible para recibir la atención necesaria, así que, espero que se diagnostiquen y curen pronto.

 

Eduardo Torres, portavoz de la Asociación La Unión

 
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