Condenados por utilizar radares móviles para multar de forma irregular

Un reciente fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 6 de Las Palmas ha vuelto a poner sobre la mesa las irregularidades en el uso de radares móviles para imponer multas de tráfico. Este caso, que se suma a otros dictados en diferentes puntos de España, como Madrid y Badajoz, señala la mala praxis en la gestión de estos dispositivos por parte de las administraciones públicas.

La sentencia dictada en Las Palmas, junto con otras similares, supone un precedente importante para los conductores que deseen recurrir multas por exceso de velocidad emitidas por radares móviles. Según el fallo, la Administración no cumplió con los requisitos legales exigidos para validar estas sanciones, un defecto que está invalidando un número creciente de multas en todo el país.

¿Por qué son irregulares estas multas?

En el caso de Las Palmas, al igual que en otras sentencias similares, la irregularidad radica en la falta de acreditación de la presencia de un operador autorizado para manejar el radar móvil, tal como exige la normativa vigente. Según la Orden ITC/155/2020, de 7 de febrero, que regula el control metrológico del Estado, los cinemómetros sin vigilancia constante deben cumplir una de las siguientes condiciones:

• Contar con un operador presente que garantice el correcto funcionamiento del radar.
• Captar al menos dos imágenes del vehículo infractor en momentos distintos: una panorámica que identifique el vehículo y otra que muestre claramente la matrícula.

El Juzgado de Las Palmas determinó que los expedientes sancionadores analizados no cumplían con estos requisitos. Las multas no incluían las imágenes necesarias ni se acreditaba la presencia de un operador, lo que invalida el proceso sancionador.

Un problema generalizado en España

Este caso no es único. En Madrid, cuatro Juzgados de lo Contencioso Administrativo (Nº 6, Nº 27, Nº 16 y Nº 21) también han anulado multas emitidas por radares móviles del Ayuntamiento por las mismas razones. Asimismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha visto afectada por sentencias similares en Badajoz, Madrid y Las Palmas.

Estas sentencias no solo han obligado a anular las sanciones, sino que también han evitado la retirada de puntos del carnet de los conductores afectados y han condenado a las administraciones a pagar las costas judiciales en la mayoría de los casos.

Repercusiones para los conductores

Estos fallos judiciales abren una ventana para que los conductores sancionados por radares móviles revisen sus multas y consideren recurrirlas si detectan irregularidades en los expedientes. Según entidades como Dvuelta, especializada en la defensa de los derechos de los conductores, estos casos reflejan un problema estructural en el uso de los radares móviles por parte de las administraciones.

La transparencia y el cumplimiento de la normativa en el control de velocidad son esenciales para garantizar que las sanciones sean justas y legales. Sin embargo, estas sentencias evidencian que aún queda mucho por mejorar en este ámbito.