29 de Noviembre de 2025
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido popularmente como rodaje, viñeta o impuesto de circulación, ha dejado de ser en muchos municipios canarios uno de los incentivos para conservar parte de nuestro patrimonio móvil: ese conjunto de vehículos que, durante décadas, acompañaron a una sociedad dinámica, cosmopolita y diversa como la de Canarias.
Hasta hace muy poco, numerosos ayuntamientos del Archipiélago —entre ellos Las Palmas de Gran Canaria o San Cristóbal de La Laguna— mantenían la exención total del impuesto para los vehículos con más de 25 años. Sin embargo, tras la modificación de varias ordenanzas fiscales, esa bonificación ha desaparecido o se ha reducido drásticamente, dando paso a nuevos tramos del 75%, 50% o 25%, dependiendo del consistorio.
Un impacto directo: crece la baja de motos clásicas
El efecto ha sido inmediato. Muchos propietarios de motos veteranas, auténticas joyas mecánicas mantenidas en perfecto orden de marcha, han optado por darlas de baja antes que asumir el nuevo coste impositivo. Estas motos —que hasta ahora solo requerían un seguro y un mantenimiento adecuado— pasan así a quedar arrinconadas en garajes o trasteros, entrando silenciosamente en un camino hacia el olvido.
Las cifras de bajas de motos con más de 25 años no han dejado de crecer desde que se anunciaron los cambios fiscales, un fenómeno que se ha vuelto especialmente notable en este tramo final del año.
Los argumentos municipales… y los que se quedan fuera
Los ayuntamientos justifican el fin de la exención en razones medioambientales: consideran contradictorio mantener beneficios fiscales para vehículos que, por su antigüedad, son más contaminantes. También aluden a un criterio de seguridad vial, citando informes como el de AECA-ITV, que señalan que los vehículos de más de once años incrementan su implicación en siniestros a medida que envejecen.
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Sin embargo, este enfoque pasa por alto un aspecto cada vez más presente en el debate público: el impacto ambiental y económico del reemplazo forzoso de vehículos. El achatarramiento de una moto en buen estado —y la fabricación de una nueva para sustituirla— conlleva un coste energético, de materiales y económico muy superior al que supone mantener un vehículo ya existente. Para muchas familias de rentas medias o bajas, además, la adquisición de una moto nueva es un gasto difícil de asumir.
¿Hacia un patrimonio en desaparición silenciosa?
En lugar de promover la conservación de un parque histórico de vehículos que forma parte de la identidad cultural y social de las Islas, estas medidas están provocando que una generación de motos clásicas desaparezca de nuestras calles. Lo que durante años funcionó como un estímulo para mantener vivo este patrimonio, ahora parece encaminado a su extinción.
Los consistorios que han eliminado o reducido la exención están rompiendo con una práctica aún muy extendida en buena parte de España; el trato diferencial al patrimonio histórico-mecánico. La desaparición de la bonificación en algunos casos puede incentivar las bajas masivas de motos antiguas, con el consiguiente riesgo de que vehículos con valor histórico —no solo económico, también cultural— se pierdan.