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31 denuncias contra la inseguridad vial en carreteras

06 de Mayo de 2014

31 denuncias contra la inseguridad vial en carreteras

La A.M.M. presenta 31 denuncias contra diferentes situaciones de inseguridad vial en las carreteras. 

El plan corrector de la actitud de las administraciones públicas “Espada de Damocles”, lleva abiertos en lo que va de año más de 270 expedientes por situaciones que afectan gravemente a la seguridad vial. Una acción pensada para verificar, denunciar y requerir el buen hacer de nuestras administraciones públicas, especialmente en Seguridad Vial.

 

Esta estrategia ciudadana sigue consolidándose como una herramienta eficaz para la seguridad vial que interviene bajo una visión de responsabilidades compartidas, enfrentándose a la impunidad legal por acción u omisión de la función pública.

 

 

En esta ocasión se han presentado denuncias informe en las siguientes administraciones públicas:

  • Señor Delegado del Gobierno en Aragón.
  • Señor Delegado del Gobierno en Andalucía.
  • Señor Delegado del Gobierno en Extremadura.
  • Señor Delegado del Gobierno en Castilla La Mancha.
  • Director del Servei Catalá de Transit.
  • Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca.
  • Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara.
  • Dirección General de Infraestructuras de movilidad terrestre. Gobierno de Cataluña.
  • Diputación Provincial de Huesca.
  • Diputación Provincial de Barcelona.
  • Diputación Provincial de Guadalajara.
  • Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid)

 

De destacar la ilegalidad de:

  • El corte de carreteras y caminos por cadenas y cables.
  • El uso de armas de fuego en las carreteras.
  • Las barreras de seguridad colocadas en puentes.
  • La ausencia de señalización.

 

En el último mes, el Departamento de Seguridad Vial ha recibido respuesta en positivo desde algunas (solo algunas) administraciones públicas, que han dado solución o están en vía de ello al estado de ilegalidad de las carreteras denunicadas durante los meses de enero y febrero.

 

 

El esfuerzo común.

En esto de la seguridad vial, las administraciones públicas deben ser garantes del derecho a la seguridad, a la vida y a la protección jurídica y no utilizar criterios sesgados por intereses personales, políticos o de imagen disfraz.

 
 
Fuentes de la noticia

www.mutuamotera.es

 
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